Jhonny Jiménez J.
El 6 de junio, Margarita Hernández
Superintendente de Economía Popular y Solidaria –SEPS- presentó a la
Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional una serie de
propuestas para reformar la Ley Orgánica para el Fomento Productivo,
Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y
Equilibrio Fiscal. Actualmente denominada “Ley Trole 3”. En estas
propuestas de reforma a la Ley todavía se mira a la economía popular y
solidaria –EPS- como un sector de “pobres y para pobres” que debe estar
anclada a grandes empresas para que éstas puedan desarrollarse, ya que
estas por sí solas no pueden crecer.
Entre los planteamientos que la
Superintendencia presentó se encuentran: “Generar incentivos especiales
para encadenamientos productivos con la EPS e integración económica y
financiera; Democratizar el uso de plataformas móviles de pago;
regularizar la propiedad de los predios en las cooperativas de vivienda;
Canalizar los recursos de vivienda de interés social de manera
preferente a través del SFPS; Incluir incentivos para los actores de la
EPS que participen en la cadena productiva de construcción de vivienda
social”
Como se observa se propone que los
actores de la EPS participen en encadenamientos productivos, para lo
cual se plantea incentivos económicos, como la exoneración de impuesto a
la renta por 15 años a las empresas que incluyan a los actores de la
EPS en sus procesos productivos. Si bien, este planteamiento parece
oportuno, al fomentar que los emprendimientos de EPS se apalanquen a
través de medianas y grandes empresas, por una situación de arrastre o
de cascada, es pertinente cuestionarse si es estas prácticas mejoraran
sus condiciones.
Esta propuesta, por un lado, refuerza la
idea de que el sector de la EPS es pequeño y que necesita de las
grandes empresas para su fortalecimiento. De esa manera se asume que el
sector carece de tecnología, de mercados y el capital, lo que les hace
ineficientes en su inserción a los grandes mercados nacionales e
internacionales. Hay que recordar, que en los mismos estudios
gubernamentales, establece la importancia del sector: “existe alrededor
de 645 entidades del Sector Financiero que presenta un saldo en activos
de USD 12.851 millones. Además este sector tiene 6`441.997 socios…
Mientras que el Sector Real de Economía Popular y Solidaria está
compuesto por 13.027 organizaciones, que cuentan con USD. 605 millones
en activos y, 376.572 socios registrados”[1].
En ese sentido, no es una economía pequeña, por el contrario es un
sector fundamental que necesita del Estado su reconocimiento,
implementando políticas públicas acordes con la importancia del sector.
La propuesta de que la EPS se encadene a
las grandes empresas de capital, también llamados “negocios inclusivos”
tiene el riesgo de que los emprendimientos solidarios pierdan su razón
de ser, hay que recordar que la economía solidaria tiene como lógica la
reproducción del trabajo (de la vida); de la redistribución de los
ingresos y no la acumulación; la reciprocidad en el proceso económico;
la complementariedad entre las personas y el medio ambiente; la
participación democrática, entre otros principios. En cambio, las
economías de capital tienen como racionalidad imperante la reproducción
ampliada del capital, el mercado autorregulado; relaciones jerárquicas.
Dos lógicas totalmente diferentes que, por los procesos de imposición,
poder político y económico se corre el riego que la lógica capitalista
termine imponiéndose a la de la EPS. Y fomentando prácticas de elusión
tributaria.
Estos encadenamientos productivos han
generado dependencia de las grandes empresas, en un primer momento las
grandes empresas entregan a los pequeños campesinos semillas,
capacitación y tecnología; en cambio los pequeños productores se
comprometen con la empresa “inclusiva” a entregar su producción, bajo
los parámetros establecidos por la misma empresa. Algunos de esos
parámetros son perjudiciales a los pequeños productores, por ejemplo, el
caso de los productores de maíz y leche del Ecuador.
Si se quiere promover un sistema social y
solidario como demanda la Constitución, se debería establecer medidas
adecuadas para que los factores de la producción que llegan a la
economía solidaria mejoren su calidad, al igual que lo han hecho
históricamente con las grandes empresas. El Estado ha implementado
políticas públicas dirigidas a mejorar la capacidad de producción de las
grandes empresas, a través de líneas de crédito, subsidios en servicios
públicos o disminución de aranceles. Esto no pasa en la misma medida
con las políticas dirigidas a la economía solidaria. En ese sentido, la
misma propuesta de Ley que se acaba de aprobar sigue subsidiando a las
grandes empresas a través de la moratoria tributaria.
Para el fomento de un sistema económico
social y solidario es necesario procesos de producción,
comercialización-distribución y consumo diferentes a la economía
convencional que promuevan desde los territorios circuitos económicos
solidarios, uno de los planteamientos del Instituto de Economía Popular y
Solidaria es que se generen procesos de autonomía – soberanía
productiva y que aporten al desarrollo local microterritorial.
Una de las alternativas es generar
nuevos mercados nacionales e internacionales con un enfoque del Comercio
Justo: ferias solidarias, bio-ferias, tienda y supermercados
solidarios; mejorar la capacidad de producción solidaria, al mismo
tiempo que la calidad a los factores de la producción, enfocándose en la
reproducción del trabajo y la asociatividad; promover líneas de crédito
a través de las cooperativas de ahorro y crédito principalmente de los
segmentos 4 y 5; promover el consumo solidario a través de campañas de
sensibilización en los medios de información masiva; es necesario
facilitar el acceso e integración de las formas organizativas solidarias
a través de trámites y sencillos y ágiles.
Las instituciones educativas deben
incluir en su pénsum educativo la formación en economía solidaria,
además implementar programas de consumo saludable y responsable;
implementar procesos académicos interdisciplinarios de investigación;
crear en las universidades incubadoras para apoyar a los emprendimientos
populares y solidarios en la generación de capacidades productivas.
Es necesario que el sector público
cambie la visión al sector de la economía solidaria, como manifiestan
las organizaciones de economía solidaria: no se debe tratar como pobres –
implementando una agenda con una visión de vulnerables desde el
Ministerio de Inclusión Económica y Social, sino como un sector
productivo – económico que aporta significativamente al desarrollo del
país.
[1] http://www.seps.gob.ec/es/web/guest/noticia?seps-presento-propuestas-al-proyecto-de-ley-para-el-fomento-productivo
